Aunque la gestión de Leonel Fernández ha estado “corta” de dinero, apoyándose en el endeudamiento público, ha expandido el gasto con el propósito de reactivar la economía con la construcción de obras de infraestructura y financiar el subsidio a la electricidad. Sin embargo, durante esos seis meses también priorizó partidas consideradas superfluas y sensibles a los períodos electorales. Y el primer semestre fue uno de ellos.
El anuncio de las medidas impositivas lo hizo el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, semanas atrás. Incluye la indexación, desde 2007, del monto especifico que se aplica a los derivados del petróleo, por mandato de la Ley 112-00, y el traspaso de su cobro a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El funcionario también anunció una modificación de la Ley 392-07, de Proindustria, específicamente lo que tiene que ver con el ITBIS externo que cobra la Dirección General de Aduanas. Por efecto de esa ley, a las empresas calificadas, en su condición de agentes de retención, se les permite diferir su pago al momento en que venden su producto final.
Tal como declaró el ministro de Hacienda, esas medidas son parte de las obligaciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y están incluidas en la Carta de Intención del programa de dos años, negociado por el país con ese organismo.
Aunque el Gobierno no ha anunciado cuánto dinero espera recaudar de forma adicional, en la Carta de Intención de octubre de 2009 las autoridades informaron al FMI que con el conjunto de medidas que prometió aplicar a partir del segundo semestre de 2010, que también incluyen la implementación de las impresoras fiscales y el freno al contrabando de hidrocarburos, obtendría nuevos recursos equivalente al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Si se aplica al PIB estimado para 2010, ese porcentaje representa RD$9,053 millones y, dado que en este año solo abarcaría el segundo semestre, se puede inferir que el Gobierno tenía expectativas de ingresos adicionales antes de que finalizará el año por un poco más de RD$4,500 millones.
Sin embargo, tal vez no contaba con que las recaudaciones quedarían por debajo de los montos programados. Los informes de Hacienda revelan que hasta mayo, los ingresos fiscales recaudados alcanzaron el 96% de lo estimado, lo que significa que durante esos primeros cinco meses del año, el Gobierno dejó de percibir RD$4,302.9 millones.
La “lú” de nuevo. A esto se le suma que para cumplir con el FMI, el Gobierno sólo contempló en el Presupuesto el equivalente en pesos de US$300 millones para destinarlo al subsidio a la electricidad, pese a que el monto previsto era de unos US$700 millones, por lo que se sabía que ese dinero se agotaría en la primera mitad del año. Esto lo reconoció en junio el ministro de Economía, Temístocles Montás.
De hecho, para la primera revisión del acuerdo con el FMI, realizada en marzo, la gestión de Fernández tuvo que pedir una dispensa por una desviación de 0.4% del PIB en el déficit del Gobierno Central. Alegó que hubo “un aumento de las transferencias a la CDEEE mayores de lo previsto”, lo que atribuyó “parcialmente” a los mayores precios del petróleo.
Fuente: Banco Central; Ministerio de Hacienda
José Manuel Medrano/Clave Digital
Como era de esperar, este dinero se agotó, y para completar el año, al Gobierno le urge conseguir otros US$350 millones, pues de lo contrario deberá elevar la tarifa o acumular deuda corriente con las generadoras.
Con ese objetivo, el 28 de junio pasado, tras salir de una reunión del Consejo de Gobierno, Bengoa informó sobre un recorte de un 20% en los gastos fijos de los ministerios. Antes, había anunciado la utilización para ese fin de parte del dinero que pagará Venezuela por la compra del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), y que realmente, según el contrato de venta, se saldaría con la compensación de las facturas vencidas futuras.
Para cubrir la incapacidad de cobrar el servicio que ha caracterizado a las empresas de distribución de electricidad, desde octubre de 2004 a junio de 2009 el Gobierno ha gastado en subsidio a la electricidad US$2,834 millones, según Hacienda.
Pero la agenda política también estuvo presente en el primer semestre, cuando se realizaron las elecciones congresuales y municipales. Y como es recurrente en el país, tuvo su impacto en las finanzas públicas.
Gasto superfluo. La encuesta del mercado de trabajo del Banco Central revela que la población ocupada registrada en la rama “Administración Pública y Defensa” creció en 15% entre abril de 2009 y abril de 2010. En ese periodo se adicionaron a la nómina 23,766 personas. Este salto tan espectacular solo es superado por el 21% registrado en entre abril de 2000 y abril de 2001.
Los reportes del Sistema Integrado de Gestión Financiera revelan que en el primer semestre de 2010, lo gastado en nómina sumó RD$33,358 millones, lo que representa un incremento de 1,433.6 millones respecto de lo pagado en el mismo periodo de 2009, equivalente a un 4.5%.
Pero la nómina total del Estado incluye a a 449,496 personas, según los reportes de la Contraloría General correspondiente a junio de este año. Eso pone al Estado como líder en cuanto cantidad de personal ocupado, en la economía formal, lo que incluye a la actividad pública y privada.
Según la Contraloría, en junio, el Estado, que incluye las entidades descentralizadas, pagó por la nómina de su personal activo 6,398 millones de pesos. Además, en el mismo semestre, el Gobierno Central gastó 1,259.2 millones en “publicidad y propaganda”, lo que comparado con 2009 refleja un crecimiento de 25%. En este contexto, las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda han provocado el rechazo de un amplio abanico de sectores que incluye al empresarial, a los sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones sociales.
El martes, la mayoría de las asociaciones industriales del país alzaron una sola voz en defensa de la Ley de Proindustria. Y el ataque era claro: “Un llamado a la población para que no se deje confundir con los argumentos presentados por el Ministro de Hacienda”. Mientras tanto, el Foro Social Alternativo atribuyó el intento de indexar a los combustibles, al interés “el pesado aparato burocrático y la desenfrenada carrera de gastos en todo lo que no es prioritario al pueblo”.
También, Guillermo Moreno García, presidente de Alianza País, al referirse al Gobierno afirma: “Después violar la ley (de hidrocarburos) por dos años y medio, ahora, porque tiene la soga al cuello, pretende por la vía de indexación, cargarle al pueblo la inflación acumulada”. Y así, cada día se escuchan más voces.
Edwin Ruiz/Clave Digital
