"Por eso el jueves será nuestro día nacional de desobediencia civil, para oponernos a una medida racista, discriminatoria e hipócrita hacia los trabajadores de esas mismas personas que hablan contra los indocumentados", dijo a la AFP Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros en Arizona.
La ley SB1070, proclamada por la gobernadora republicana de Arizona, Jen Brewer el 23 de abril tras su votación en el Congreso estatal, establece entre sus puntos más polémicos que la policía puede confirmar el estatuto de personas sospechosas de estar en el país sin documentos migratorios y castigar a quienes se hayan contactado con ellos en este estado fronterizo con México.
La semana pasada una jueza federal de Phoenix, Susan Bolton, escuchó a partidarios y adversarios de la ley y expresó dudas sobre la constitucionalidad de algunos aspectos de la normativa que fue desafiada por el propio gobierno de Barack Obama.
Para Washington los asuntos de inmigración son de competencia exclusiva del gobierno federal y las legislaciones locales no pueden prevalecer sobre los códigos federales o la Constitución.
La jueza expresó su escepticismo de que esta ley pueda ser aplicada por las fuerzas del orden y calificó de "torpe" el lenguaje de la ley pero no dio señales sobre cuándo podría emitir un fallo.
"Esperamos una decisión de la Corte, pero aún si se pronuncia a favor de un bloqueo temporal de la ley seguiremos nuestras protestas porque hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas", dijo a la AFP Paulina González, portavoz de la organización "We Are All Arizona" (Todos Somos Arizona).
En Los Angeles, una de las ciudades de California -y Estados Unidos- con más grupos de activistas mexicano-estadounidenses y de Centroamérica, "entre 10 y 12 buses con gente de todos los orígenes, latinos, negros, blancos asiáticos y muchos blancos estadounidenses viajarán el jueves de madrugada unas seis horas hasta Phoenix, para manifestarnos contra la ley", reveló Alvarado.
"Ninguno de los pasajeros de los buses viajará con ID (identificación)", precisó el activista de los derechos de los inmigrantes tras explicar que muchos de los participantes son gente común, profesores, líderes comunitarios que se oponen a la medida.
A pocas horas de la aplicación de la ley, un sondeo de la firma Gallup, reveló que casi la mitad de los estadounidenses considera que la inmigración en el país debe disminuirse, contra un 17% que aboga por incrementarla.
La encuesta realizada a nivel nacional entre el 8 y el 11 de julio, arrojó que un 45% de los estadounidenses estima que la inmigración debe reducirse, un 34% está a favor de que se mantenga en los niveles actuales y un 17% que se aumente.
No obstante, el año pasado la brecha entre los extremos era más pronunciada: 50% quería disminuir la inmigración y 14% aumentarla.
Presidentes, líderes de la Iglesia Católica de Centroamérica y México, así como de otras naciones y organizaciones han expresado su oposición a la ley de Arizona, entre ellos los responsables de ocho asambleas legislativas latinoamericanas que condenaron el miércoles pasado esta medida al cierre de la tercera Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos en Ginebra.
"Lamentamos que esta ley tenga un espíritu racista y xenófobo que va en contra de la inmigración en general y de los migrantes irregulares en particular", indicó el texto suscrito por parlamentarios de México, Ecuador, Uruguay, Panamá, Bolivia, Guatemala, Cuba y Chile.
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