AFP
CARACAS -- Veinticinco personas murieron el domingo y otras 43 resultaron heridas en un enfrentamiento entre bandas en la cárcel de Yare I, cerca de Caracas, informó este lunes el gobierno, en un nuevo episodio violento en los penales venezolanos, donde se estima que fallecieron más de 300 reclusos desde enero.
“De la lista de fallecidos en total tenemos ahorita identificados 17 en realidad, pero el parte total de las personas que perdieron la vida en esta situación de violencia que se desató ayer (domingo) en este recinto es de 25”, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, añadiendo que uno de los fallecidos era familiar de un reo.
Además, “43 personas (…) resultaron heridas. Un total de 29 privados de libertad y 14 familiares”, explicó Varela en declaraciones transmitidas desde el penal por el canal estatal VTV.
La ministra detalló que los fallecidos que aún no han sido reconocidos “se están identificando a través de dactiloscopia”, porque muchos de ellos “quedaron con el rostro desfigurado” como resultado de “disparos a quemarropa”.
Informó además que de los reos heridos “nueve de ellos permanecen en observación por orden médica”, mientras que los demás ya regresaron al penal.
Según la ministra, se maneja la hipótesis de que el conflicto comenzó durante una “conversación” entre los líderes de dos sectores de la cárcel, en medio de la cual “parece que a uno se le escapó un tiro” que, aunque en principio no hirió a nadie, fue “la chispa detonante” del enfrentamiento.
Más temprano, Varela aseguró que la situación ya se encuentra controlada, aunque unas 900 mujeres aún se mantienen dentro del penal para supuestamente resguardar la vida de sus familiares presos.
Esto, porque la violencia estalló cuando más de un millar de familiares de los reos -que habían acudido a la jornada de visita del domingo- se encontraban aún dentro de las instalaciones.
“Los responsables de las muertes dentro de las cárceles van a tener que responder por eso”, dijo Varela más temprano.
La ministra añadió que la violencia carcelaria es “una lucha fuerte contra la corrupción”, admitiendo que hay funcionarios públicos, militares y civiles involucrados en el tráfico de armas en las cárceles.
Yare I -la misma cárcel donde estuvo preso el presidente Hugo Chávez tras liderar un fallido golpe de Estado en 1992- tiene una “capacidad instalada de 750 personas, pero hay 3.150, lo que implica un excedente de 2.400 internos y un hacinamiento de 340%”, explicó el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 2006 medidas provisionales de protección para esta cárcel que fueron solicitadas por organizaciones no gubernamentales tras otro hecho violento ocurrido ese año, que dejó 16 muertos.
“Lamentablemente las medidas de protección, que ordenaban al Estado adoptar de forma inmediata medidas para acabar con la violencia en la cárcel de Yare, de forma que no se afectara la vida de ningún interno, no han sido atendidas”, dijo Prado, añadiendo que de enero a julio de 2012 habían fallecido en esa prisión 19 personas y otras 48 resultaron heridas.
Las cárceles venezolanas sufren problemas de insalubridad, hacinamiento y violencia, y en muchos casos son controladas por bandas de reclusos fuertemente armados, que constantemente generan enfrentamientos internos.
Precisamente el ministerio de Asuntos Penitenciarios fue creado en julio de 2011 para resolver los principales problemas, tras un sangriento motín ocurrido en junio de ese año en la prisión del Rodeo, que dejó una treintena de muertos y varios reclusos fugados, en la mayor tragedia carcelaria en la historia venezolana de las últimas décadas.
Sin embargo, hace tan sólo unas semanas activistas de derechos humanos denunciaron que durante el primer año de funcionamiento del ministerio, más de 500 reclusos perdieron la vida y al menos otros 1.200 resultaron heridos, lo que supera cifras de años anteriores.
Según el OVP, sólo en el primer semestre de 2012 fallecieron 304 presos en episodios de violencia.
El gobierno, por su parte, no difunde informes periódicos sobre la situación en las cárceles y la mayoría de sucesos violentos no son confirmados por las autoridades.
Según cifras oficiales, hay casi 50.000 reclusos en Venezuela pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para albergar a unos 14.000.
“De la lista de fallecidos en total tenemos ahorita identificados 17 en realidad, pero el parte total de las personas que perdieron la vida en esta situación de violencia que se desató ayer (domingo) en este recinto es de 25”, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, añadiendo que uno de los fallecidos era familiar de un reo.
Además, “43 personas (…) resultaron heridas. Un total de 29 privados de libertad y 14 familiares”, explicó Varela en declaraciones transmitidas desde el penal por el canal estatal VTV.
La ministra detalló que los fallecidos que aún no han sido reconocidos “se están identificando a través de dactiloscopia”, porque muchos de ellos “quedaron con el rostro desfigurado” como resultado de “disparos a quemarropa”.
Informó además que de los reos heridos “nueve de ellos permanecen en observación por orden médica”, mientras que los demás ya regresaron al penal.
Según la ministra, se maneja la hipótesis de que el conflicto comenzó durante una “conversación” entre los líderes de dos sectores de la cárcel, en medio de la cual “parece que a uno se le escapó un tiro” que, aunque en principio no hirió a nadie, fue “la chispa detonante” del enfrentamiento.
Más temprano, Varela aseguró que la situación ya se encuentra controlada, aunque unas 900 mujeres aún se mantienen dentro del penal para supuestamente resguardar la vida de sus familiares presos.
Esto, porque la violencia estalló cuando más de un millar de familiares de los reos -que habían acudido a la jornada de visita del domingo- se encontraban aún dentro de las instalaciones.
“Los responsables de las muertes dentro de las cárceles van a tener que responder por eso”, dijo Varela más temprano.
La ministra añadió que la violencia carcelaria es “una lucha fuerte contra la corrupción”, admitiendo que hay funcionarios públicos, militares y civiles involucrados en el tráfico de armas en las cárceles.
Yare I -la misma cárcel donde estuvo preso el presidente Hugo Chávez tras liderar un fallido golpe de Estado en 1992- tiene una “capacidad instalada de 750 personas, pero hay 3.150, lo que implica un excedente de 2.400 internos y un hacinamiento de 340%”, explicó el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 2006 medidas provisionales de protección para esta cárcel que fueron solicitadas por organizaciones no gubernamentales tras otro hecho violento ocurrido ese año, que dejó 16 muertos.
“Lamentablemente las medidas de protección, que ordenaban al Estado adoptar de forma inmediata medidas para acabar con la violencia en la cárcel de Yare, de forma que no se afectara la vida de ningún interno, no han sido atendidas”, dijo Prado, añadiendo que de enero a julio de 2012 habían fallecido en esa prisión 19 personas y otras 48 resultaron heridas.
Las cárceles venezolanas sufren problemas de insalubridad, hacinamiento y violencia, y en muchos casos son controladas por bandas de reclusos fuertemente armados, que constantemente generan enfrentamientos internos.
Precisamente el ministerio de Asuntos Penitenciarios fue creado en julio de 2011 para resolver los principales problemas, tras un sangriento motín ocurrido en junio de ese año en la prisión del Rodeo, que dejó una treintena de muertos y varios reclusos fugados, en la mayor tragedia carcelaria en la historia venezolana de las últimas décadas.
Sin embargo, hace tan sólo unas semanas activistas de derechos humanos denunciaron que durante el primer año de funcionamiento del ministerio, más de 500 reclusos perdieron la vida y al menos otros 1.200 resultaron heridos, lo que supera cifras de años anteriores.
Según el OVP, sólo en el primer semestre de 2012 fallecieron 304 presos en episodios de violencia.
El gobierno, por su parte, no difunde informes periódicos sobre la situación en las cárceles y la mayoría de sucesos violentos no son confirmados por las autoridades.
Según cifras oficiales, hay casi 50.000 reclusos en Venezuela pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para albergar a unos 14.000.
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