De ahora en adelante cualquier empresa de Arizona que quiera contratar a un trabajador estará obligada a verificar su estatus legal para confirmar que tenga permiso de empleo, a riesgo de ser penalizada si incorpora a inmigrantes indocumentados.
Así lo estableció la Corte Suprema de Estados Unidos, que el jueves falló a favor de la vigencia de la llamada Ley de Trabajadores Legales de Arizona (LAWA, por sus siglas en inglés) en lo que, para muchos, constituye un duro golpe a la migración hispana instalada en el país.
Lo que está en el centro del debate es el sistema E-Verify, una base de datos a la que se accede por Internet y que hasta ahora ha sido consultada de manera voluntaria por los empleadores para comprobar el estatus migratorio de sus potenciales trabajadores.
El uso de este programa ha sido un elemento central de las propuestas de reforma migratoria federal desde 2005 y tanto republicanos como demócratas lo han apoyado en ese contexto. Sin embargo, también se han multiplicado los intentos por implementarlo por fuera de la postergada reforma y la decisión de la Corte –según los analistas- avalaría la expansión del E-Verify con carácter obligatorio a otros estados.
Castigo a las empresas
El E-Verify fue establecido en 1997 como programa piloto y voluntario por el gobierno de Estados Unidos y cobró fuerza de ley en Arizona diez años más tarde.
El sistema permite que los empleadores ingresen los datos de los trabajadores en un sistema en línea administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que coteja esa información en sus archivos y los de la Administración del Seguro Social para determinar si éstos están autorizados legalmente a trabajar.
Si el resultado es negativo, las empresas deben referir el caso a las autoridades y corren riesgos de ser multadas por contratar personal “sin papeles”.
“Los estadounidenses pueden y deben optar por premiar a aquellas compañías que obedecen la ley y contratan a una fuerza laboral legal”, señala el Servicio de Ciudadanía e Inmigración gubernamental (USCIS, en inglés) en la página de promoción del programa.
La ley que volvió el E-Verify obligatorio en Arizona, un estado intransigente en la batalla contra los indocumentados, fue disputada ante la Corte Suprema en junio de 2010 por la Cámara de Comercio arizoniana y diversas organizaciones de derechos civiles, que argumentaron que los estados no pueden atribuirse individualmente este tipo de controles.
Tras el fallo del tribunal, que desestimó el reclamo, muchos temen que quede abierto el camino para que otros estados implementen un repertorio de medidas contra la inmigración ilegal más allá de las leyes federales.
Alcance nacional
La decisión de la Corte reforzó también las intenciones del congresista republicano Lamar Smith, de Texas, de impulsar un proyecto de ley que vuelva obligatorio el E-Verify a nivel nacional.
“Estoy complacido con la decisión. E-Verify provee a los empleadores estadounidenses una herramienta útil. Debido a que este programa ha sido tan exitoso, presentaré una legislación pronto que lo haga obligatorio”, señaló Smith.
Según el USCIS, hoy más de 100.000 empresas utilizan voluntariamente el programa, con unas 1.400 enrolándose cada semana y con un número de consultas que se duplica año a año.
Sin embargo, los críticos apuntan que el porcentaje de usuarios es marginal: no llega a 3% de las contrataciones -según señala a BBC Mundo Grisella Martinez, directora de asuntos legislativos del Foro Nacional de Inmigración, incluso cuando se ha hecho obligatorio para todas las empresas que tengan negocios con el gobierno.
Impacto económico
Los defensores del E-Verify argumentan que es un camino seguro para crear empleos para estadounidenses, sobre todo en épocas de recesión económica.
No todos coinciden: distintas organizaciones señalan que los trabajadores indocumentados, estimados en 8 millones, no dejarán el país ante el aumento de las requisas.
“El E-Verify va a forzar a los trabajadores a moverse al sector informal, fuera del sistema de recaudación de impuestos. Sólo lo están usando para impulsar políticas de deportación, pese a las sobradas evidencias de que va a dañar la economía”, dijo a BBC Mundo Tyler Moran, directora del National Immigration Law Center.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el E-Verify nacional y obligatorio reduciría los ingresos federales en US$17.000 millones en un plazo de diez años.
“Esto lleva a los empleadores a pasar ‘a las sombras’ para cubrir sus necesidades, que a veces sólo se cubren con empleados sin permisos legales”, agregó Moran.
Tal es el caso del sector agropecuario, en el que se estima que 75% de la fuerza de trabajo no tiene documentos válidos.
“Si E-verify se vuelve ley, tendrá consecuencias que van más allá de lo legal: habrá menos productividad, más importaciones y más dependencia de otros países para proveernos algo tan indispensable como nuestra comida”, anticipó ante BBC Mundo Craig Regelbrugge, director de la Asociación de Jardineros y Paisajistas.
La fiabilidad del sistema también ha sido cuestionada, después de que un informe de la empresa de tecnología Intel revelara que 12% de los casos consultados en la base de datos entregaba un resultado erróneo.
El gobierno, sin embargo, asegura que la exactitud es de 99%. La preocupación en este ámbito es más bien de índole logística: según cálculos oficiales, el E-Verify obligatorio en todo el territorio supone una inversión cuantiosa, de al menos US$23.000 millones por los próximos diez años.
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