Con ello se busca reducir el número de extranjeros que viven en los Estados Unidos y mantener a aquellos que se acercan a su idea de “inmigración por méritos”, que ha propuesto en otros momentos.
Según la propuesta, obtenida por The Washington Post, los trabajadores sociales de inmigración tendrían que considerar una gama mucho más amplia de factores para determinar si los inmigrantes o sus hijos estadounidenses están utilizando los beneficios públicos o es posible que lo utilicen en un futuro.
Las reglas actuales penalizan a los inmigrantes que reciben pagos de bienestar social, considerándolos un “cargo público”, pero los cambios propuestos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ampliarían la definición de beneficios del gobierno para incluir el ampliamente utilizado Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y subsidios de seguro médico y otros “beneficios públicos no monetarios”.
“Los cambios se aplicarían a aquellos que buscan visas de inmigración o residencia legal permanente, como un extranjero con una visa de trabajo que expira”, publicó el Post.
“Si bien no afectará a las personas que viven ilegalmente en las sombras, podría afectar a los inmigrantes protegidos por el programa Acción Diferida (DACA), cuya terminación ha sido bloqueada por tribunales federales, si intentan solicitar la residencia legal completa.
La propuesta también requeriría que aquellos inmigrantes susceptibles de recibir en un futuro la ayuda del gobierno, coloquen bonos en efectivo, que serían $10,000 dólares como mínimo.
“La administración está comprometida a hacer cumplir la ley de inmigración existente, que claramente tiene la intención de proteger al contribuyente estadounidense asegurando que los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar o permanecer en los EEUU sean autosuficientes”. @laopinion
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