Por The Associated Press Washington - El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ordenó a los fiscales federales que pidan lo castigos más severos posibles para la gran mayoría de los delitos, dando marcha atrás con políticas de la era de Barack Obama y garantizando que se enviará más gente a prisión, por períodos más largos.
La medida no sorprende. Sessions, que se formó durante la peor época de la epidemia de crack, había dicho que la lucha contra la violencia y el tráfico y consumo de drogas iban a ser la prioridad del Departamento de Justicia.
“Esta política afirma nuestra responsabilidad de hacer cumplir las leyes, es moral y justa, y genera consistencia”, declaró Sessions en un memorando a los fiscales federales de todo el país que se conoció el viernes.
Algunos sectores dicen que la nueva política revive los peores aspectos de la guerra contra las drogas, que, según ellos, produjo sentencias injustamente duras para personas que cometieron delitos relativamente menores, no violentos, y que afecta desproporcionadamente a las comunidades minoritarias.
“Arruinó familias y sacó a una gran cantidad de afroamericanos de sus comunidades en su período más productivo”, afirmó el profesor de derecho de Georgetown, Paul Butler, quien fue fiscal federal en la década de 1990. “Tenías gente que no estaba en condiciones de ser padres responsables, que no pudieron servir un par de años por un error que cometieron, para después regresar a sus casas y hacer las cosas bien. Jeff Sessions quiere que volvamos a eso”.
El anuncio echa por tierra con las políticas del gobierno de Obama en este terreno, que buscaban aliviar la carga de prisiones sobrepobladas y replantear la forma en que se juzga y se condena a las personas que cometen delitos relacionados con las drogas.
Sessions sostiene que un aumento en la violencia en algunas ciudades y la epidemia de opioides que hay en el país indican que hay que volver a una política de mano dura. A poco de asumir se mostró a favor del uso de prisiones privadas, en otro contraste con la época de Obama, que quiso hacerlas a un lado en forma escalonada.
“Sabemos que las drogas y los delitos van de la mano”, afirmó Sessions el viernes en un discurso. “El tráfico de drogas es un negocio por naturaleza violento. Si quieres cobrar una deuda, no puedes acudir a los tribunales. Lo haces con el cañón de un revólver”.
El memorando decía que los fiscales deben “hacer las acusaciones más graves que pueden demostrar”, cargos que generan condenas de cumplimiento obligatorio. La idea es dejar la menor cantidad de cosas posible a discreción del juez.
Indica que los fiscales tendrán discreción para no buscar la máxima condena posible si consideran que se cometería una injusticia, pero que primero deberán consultar con sus superiores.
La directiva anula las órdenes del predecesor de Sessions, Eric Holder, quien dijo que los fiscales tenían discreción para no mencionar la cantidad de drogas en poder de una persona, lo que evitaba que recibieran sentencias más largas. El objetivo de Holder era alentar sentencias más cortas para delitos no violentos y conservar recursos para los casos más graves.
Holder dijo que Sessions estaba adoptando una política “dumb on crime”, o una actitud tonta hacia la delincuencia, y que promover más gastos en la detención de delincuentes en lugar de enfocarse en la prevención e investigación generará la ruina del departamento.
“Es un modelo que, se ha demostrado, produce sentencias injustamente largas, que a menudo se aplican indiscriminadamente y que hace poco por conseguir la seguridad del público a largo plazo”, afirmó Holder en un comunicado.
Obama implementó políticas que redujeron la población carcelaria de 220,000 personas en el 2013 a 190,000 en la actualidad. La mitad de los presos cometieron delitos relacionados con las drogas, según las estadísticas.
Algunos fiscales consideraron que la directiva de Holder les restaba posibilidades de negociar la cooperación de un detenido al no estar obligados a buscar la máxima condena.
Sessions siempre fue un promotor de condenas largas.
“Confío en que los fiscales serán justos”, afirmó. “Merecen no estar atados de manos y que no se los dirija desde Washington. Se les debe permitir aplicar las leyes según los hechos de cada investigación”.
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