Por: Elnuevodia.com El 2 de marzo de 1917, acompañado por miembros de su gabinete, el presidente Woodrow Wilson estampó su firma en el documento que convirtió en ley el "Jones-Shafroth Act", mejor conocido popularmente como la “Ley Jones” o “Acta Jones”.
Aunque la medida contenía varias disposiciones, incluyendo la creación en Puerto Rico de tres ramas de gobierno, con una legislatura de Senado y Cámara electa por voto directo, dicha ley es más recordada por haber convertido a los puertorriqueños en ciudadanos de Estados Unidos.
“La aprobación de la Ley Jones es uno de los actos de mayor importancia que ha realizado el gobierno de Estados Unidos en relación con Puerto Rico, por lo que significó en su momento y las consecuencias a largo plazo”, sostuvo el doctor Efrén Rivera Ramos, catedrático en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Cien años han pasado desde ese momento, pero una centuria no ha sido suficiente para despejar dudas sobre la trayectoria y la naturaleza de la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico. Por el contrario, su historia todavía parece tan compleja como desconocida, así como sujeta a tantos debates - o más - que en sus inicios.
“Ciertamente hay mucha discusión sobre el significado de esa ciudadanía, también su naturaleza y sus alcances”, señaló Rivera Ramos, autor del libro “The Legal Construction of Identity”.
Estas discusiones, principalmente de índole político, llevan a que unos y otros sectores celebren o condenen la ocasión del centenario, desde sus respectivas perspectivas.
En esencia, para el Partido Popular Democrático (PPD) la ciudadanía había prevalecido la noción de que era el máximo eslabón en sus aspiraciones con respecto a la relación de Puerto Rico con Estados Unidos.
Para el Partido Nuevo Progresista (PNP) se trata de un paso en una trayectoria inconclusa hacia la estadidad, al catalogarla como una ciudadanía de “segunda clase”, en comparación con los ciudadanos en los estados de los Estados Unidos.
Mientras, para independentistas y algunos soberanistas, dicha ciudadanía ha sido una “carga” o “carimbo” que ha limitado las posibilidades de desarrollo social y económico para Puerto Rico, a la vez que ha servido como una herramienta de hegemonía en la Isla por parte del gobierno estadounidense.
¿Impuesta para reclutar?
Dependiendo de a quién se le pregunte, la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico fue “aprobada”, “merecida”, “ganada”, “concedida”, “obtenida”, “establecida” o “impuesta”, entre muchos otros calificativos.
El exjuez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Raúl Serrano Geyls, publicó un escrito en el que señalaba que el carácter de “imposición”surge de la forma en que los puertorriqueños se convirtieron en ciudadanos. Además de la cantidad de penalidades que enfrentaban por no ser ciudadanos estadounidenses, para renunciar a la misma se requería que la población - en la que predominaba la poca escolaridad - debían adentrarse en un complicado proceso legal.
De esta manera, deja entrever que a eso se debe que “solamente 288 personas tomaron los pasos legales necesarios para declinar la ciudadanía de Estados Unidos”.
Considera que el resultado hubiera sido muy diferente si las personas hubieran tenido que tomar esos pasos para convertirse en ciudadanos.
“Esta era una ciudadanía impuesta, porque los que no la aceptaran se convertirían en parias dentro de su propia tierra, y porque esa opción, aun deleznable como era, se ofreció sólo a los que entonces eran adultos. Los menores de entonces y los millones de puertorriqueños nacidos después, ni tan siquiera tuvieron esa oportunidad”, escribió Serrano Geyls, quien falleció en 2011.
Por otro lado, uno de los señalamientos que suele aflorar es que la ciudadanía tenía como objetivo para reclutar a los puertorriqueños como soldados para la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto que facilitaba el ingreso a la milicia y muchos fueron a la llamada “Gran Guerra”, diversos estudios historiográficos han demostrado que los boricuas ya participaban en las Fuerzas Armadas y la ley vigente desde la Guerra Civil permitía el servicio obligatorio de toda persona, aunque no fuera ciudadano.
Los estudios del juez federal José Cabranes apuntan a que con la Ley Jones existía la intención, más bien, de frenar la efervescencia pro-independencia que afloraba en la época.
Asimismo, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, Félix Huertas, manifestó que “con la Ley Jones los Estados Unidos aseguraron retener la soberanía sobre Puerto Rico, protegen sus intereses en Puerto Rico y el Caribe, y limitan el crecimiento del independentismo a principios del siglo pasado”.
De igual manera, los debates incluyen especulaciones de lo que sucedería en caso de que cambiara la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos. Debido a que el estatus jurídico de la Isla y la ciudadanía de sus habitantes han sido manejados por el gobierno federal de forma paralela, pero no atado uno al otro, ha causado que la confusión sea mayor.
“Son 100 años de historia que no todos conocen bien”, expresa el doctor Charles Venator Santiago, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Connecticut, quien ha dedicado años al estudio de la historia de la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico.
No se ha limitado a la jurisprudencia ni a las leyes aprobadas, lo que suele ser el argumento de base en los debates políticos. Ha ido más lejos para indagar en los debates legislativos en el Congreso en los archivos de Washington DC.
“Se han debatido más de 100 proyectos de ley con cláusulas de ciudadanía para Puerto Rico en el Congreso”, destaca el historiador, al señalar que una decena de leyes con estas cláusulas han sido aprobadas.
Evolución de la ciudadanía
Venator Santiago sostiene que, a través del tiempo, los puertorriqueños han atravesado por cuatro tipos de ciudadanías y “una quinta” por vía de “interpretación del Congreso”.
A manera de resumen, señaló que la primera fue una “ciudadanía puertorriqueña que se inventaron” en el Tratado de París de 1899 y que luego fue instituida en la Ley Foraker de 1900.
Luego, en 1906 el Congreso aprobó una ley para permitir que los puertorriqueños se “naturalizaran” como si fuera inmigrantes.
Venator Santiago explicó que, después de años de problemas administrativos, pleitos legales y en medio de un caldeado ambiente político, en 1917 Estados Unidos aprobó la Ley Jones para “naturalizar” colectivamente a todos los que hubieran nacido en Puerto Rico desde 1899 hasta ese año.
“De todas formas siguieron problemas, porque esa ciudadanía se pasaba por sangre, no por nacimiento en Puerto Rico. Si un hijo de ciudadano español o de otra nacionalidad nacía en Puerto Rico, no adquiría la ciudadanía. Tampoco la tenían los hijos de los que renunciaron a la ciudadanía (de EE.UU.) aunque nacieran en la Isla”, indicó Venator Santiago. “Además, si una mujer se casaba con un vecino que fuera ciudadano español, perdía la ciudadanía”.
Entonces, en 1940 fue aprobada la “Nationality Act” que estableció que todo nacido en Puerto Rico automáticamente se convierte en ciudadano de Estados Unidos.
Venator Santiago destaca que otra ley en 1952 expresamente mantuvo vigente lo dispuesto en 1940 y que desde entonces “el Congreso no ha modificado la naturaleza de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños”, ni siquiera en la aprobación de la Ley 600 que dio paso a la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA).
Debate actual
Según Venator Santiago, el panorama del debate cambió en 1989, cuando un memorando en el Congreso argumentó que ese cuerpo podía retirar “unilateralmente” la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños en caso de que la Isla se independizara de Estados Unidos.
“Ignorando lo establecido por la legislación de 1940, el memorando sostenía que es una ciudadanía ‘estatutaria’ y es la interpretación que ha prevalecido entre los congresistas desde entonces”, indicó Venator Santiago.
“Lo que pasa es que cuando lees el historial legislativo, el Congreso tomó otra decisión (en 1940). Todo el que nace en Puerto Rico es ‘ciudadano nativo’ y la fuente es la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos”, agregó.
Por su parte, Rivera Ramos considera que precisamente las perspectivas sobre naturaleza de la ciudadanía son lo que más se ha prestado para confusión.
Su libro recuerda un informe del también profesor de Derecho, José Julián Álvarez González, quien elaboró la reacción del Partido Independentista Puertorriqueño a aquel memorando. Aunque coincide en que se trata de una ciudadanía “estaturaria”, señaló que otras “provisiones constitucionales” entran en juego y concluye que una ciudadanía dual sería la “única solución práctica para un Puerto Rico independiente”.
“Desde el punto de vista de su origen, esta no es la ciudadanía a la que se refiere la Enmienda 14, de que todos los nacidos en estados son considerados ciudadanos. Esta es por virtud de una ley que aprobó el Congreso”, expuso Rivera Ramos. “En ese sentido, hay una diferencia que puede ser significativa en cierto momento”.
“Por otro lado, la condición política de Puerto Rico como territorio incide sobre los derechos y prerrogativas que puedan ejercer los ciudadanos de que viven en Puerto Rico”. agregó. “Hay un entrejuego de la ciudadanía y terrotorio, que hace que los ciudadanos en Puerto Rico tengan una condición política diferente a aquellas que viven los ciudadanos en Estados Unidos. De modo que hay consecuencias importantes sobre lo que el entorno a esa ciudadanía significa para Puerto Rico colectivamente”.
Momento histórico del centenario
De lo que no cabe duda para los historiadores que observan este tema es que el centenario llega en momentos definitorios sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.
“El centenario debe hacernos reflexionar y analizar con profundidad, sin apasionamientos la relación política con los Estados Unidos en pleno siglo XXI”, expuso Félix Huertas, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores.
“El desconocimiento histórico de eventos como la Ley Foraker, Ley Jones y Ley 600 continúan provocando confusión e incertidumbre que le permite a ciertos sectores políticos el control sobre nuestra sociedad y el futuro del país”, añadió.
Cabe recordar que, hace menos de un año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Congreso se expresaron indicando que ese cuerpo legislativo federal mantenía poderes plenipotenciarios sobre Puerto Rico, cuya única soberanía emana de la misma constitución estadounidense. De modo que lo representado ante la comunidad internacional en 1953, en el sentido de que Puerto Rico había alcanzado gobierno propio, no fue cierto.
“Los eventos más recientes tienen que ver, entre otras cosas, con la reafirmación del carácter de subordinación política de la relación existente, lo que ha planteado de forma muy dramática la necesidad de atender esa situación”, sentenció Rivera Ramos.
“Puerto Rico y los Estados Unidos tienen que tomar una decisión sobre cuál va a ser el futuro de esta relación”, afirmó. “En esa decisión figurará prominentemente el tema de la ciudadanía de los puertorriqueños, de modo que un evento que ocurrió hace 100 años tienen en estos momentos una enorme pertinencia, tanto para Puerto Rico como para Estados Unidos”.
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