La Fiscalía denunció la existencia de una organización que compra órganos a personas necesitadas para trasplantarlos a extranjeros, que llegan a pagar 125 mil dólares
De acuerdo con la fiscalía, la organización está integrada por médicos de reconocidas clínicas privadas que utilizaban a donantes de zonas pobres, a los que pagaban entre 4.000 a 7.0000 dólares para extraerles un riñón con el fin de trasplantarlos a pacientes extranjeros por unos 125.000 dólares.
De acuerdo con la fiscalía, la organización está integrada por médicos de reconocidas clínicas privadas que utilizaban a donantes de zonas pobres, a los que pagaban entre 4.000 a 7.0000 dólares para extraerles un riñón con el fin de trasplantarlos a pacientes extranjeros por unos 125.000 dólares.
La denuncia indica que los pagos a los donantes se realizaban en muchos casos en la misma mesa de operaciones, para evitar que se retractaran.
"Existen indicios razonables de la existencia de una red criminal conformada por profesionales de la salud y ciudadanos particulares, destinada a la comercialización de riñones", señaló la fiscal Isabel Huamán en documento citado por el diario La República.
"La comercialización va desde la captación del donante hasta el propio trasplante, que se realizaba en clínicas privadas. Esas operaciones no contaban con acreditación de la Organización Nacional de Donación y Trasplante", precisó el mismo texto.
La Organización Nacional de Donación y Trasplante es una institución dependiente del Ministerio de Salud y es la única encargada de autorizar los trasplantes de órganos, que se proveen en forma gratuita.
La fiscalía también descubrió que las personas que vendieron sus riñones se hicieron las pruebas de compatibilidad en un único y mismo laboratorio, donde existiría una base de datos de donantes y de los receptores.
Entre los donantes aparecen familias o ciudadanos que viven en un misma zona de un distrito popular de Lima, señaló.
La denuncia alcanza al menos a seis médicos y a los propietarios de un laboratorio, que responderán a la justicia por los presuntos delitos contra la paz pública, intermediación onerosa de órganos en calidad de integrantes de una organización criminal, y delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.
Los donantes también han sido incluidos en la denuncia porque está prohibido vender los órganos del cuerpo humano.
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