"Sigue entrando droga en el país por las aduanas", dijo Duterte, añadiendo que había aprobado una petición de Guerrero para dotar a sus agentes con armas de fuego. "Le dije: 'Aprobé la compra de armas de fuego, ¿y hasta ahora no han matado a nadie? Pónganse en forma'".
"Se lo dije directamente. 'Sigue entrando droga. Me gustaría que mataran (...). En cualquier caso, los apoyaré y no irán a la cárcel. Si son drogas, disparen a matar. Ese es el acuerdo'", declaró Duterte.
Más de 5.700 sospechosos de tráfico o consumo de estupefacientes, la mayoría pobres, han muerto en Filipinas desde que se iniciara la guerra antidroga impulsada por el mandatario, que ha alarmado a grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros, además de provocar una pesquisa por posibles crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional. Duterte ha prometido mantener la mortal campaña durante los dos años que le restan de mandato.
Grupos de derechos humanos han denunciado que, según sus investigaciones, algunos sospechosos fueron asesinados a sangre fría y después los oficiales modificaron la escena y les pusieron armas en las manos para que pareciera que habían ofrecido resistencia. La Policía respondió a las acusaciones señalando que estas organizaciones deben presentar denuncias penales en los tribunales si tienen pruebas contra los agentes.
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