EEUU denuncia que Poder Judicial desestimó casos de corrupción de alto nivel

Santo Domingo, RD El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su Informe sobre Dere­chos Humanos en la región, correspondiente al 2019, que el Gobierno dominicano no ha implementado correc­tamente las leyes para apli­car penas
criminales contra funcionarios públicos acusa­dos de corrupción.
“El gobierno tomó algu­nas medidas para castigar a los funcionarios que come­tieron abusos contra los de­rechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción ofi­ciales, especialmente entre los altos funcionarios”, expli­ca el reporte anual publica­do ayer.

Indica que a pesar de que leyes dominicanas estable­cen un poder judicial inde­pendiente, el Gobierno “no respetó la independencia ju­dicial y la imparcialidad”.

El informe señala que hu­bo enjuiciamientos selecti­vos y despidos de casos en medio de denuncias de so­borno o presión política in­debida.

“El poder judicial desesti­mó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder ju­dicial era un problema gra­ve”, manifiesta el estudio.

Detalla que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vincu­lados en el caso de sobor­nos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de ha­ber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Esta­do.

“Los seis acusados in­cluían un senador, un repre­sentante de la cámara baja, un ex senador y un exminis­tro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con be­neplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para inves­tigar a fondo el caso, que in­volucraba a las élites políti­cas y económicas del país”, detalla el informe estado­unidense.

De acuerdo con un in­forme del Consorcio In­ternacional de Periodistas de Investigación además de los 92 millones dólares, Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante la cons­trucción de la planta de car­bón de Punta Catalina.

“Después de que este in­forme se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores fi­nancieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión de­signada por el gobierno des­estimaron previamente las acusaciones de irregulari­dad  en el proceso de contra­tación de la planta”, señala.

Monitoreó llamadas y correos electrónicos

Otro de los puntos tratados revela que el Gobierno domi­nicano monitoreó llamadas telefónicas no autorizadas, así como correos electrónicos pa­ra inferir en la vida privada de individuos y familias.

Entre los problemas impor­tantes de derechos humanos se incluyen informes de ase­sinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de se­guridad del Gobierno; tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno, deten­ción arbitraria, condiciones penitenciarias severas y po­tencialmente mortales, inter­ferencia arbitraria con la pri­vacidad, graves problemas con la independencia del po­der judicial, difamación cri­minal para periodistas indi­viduales, grave corrupción gubernamental y violen­cia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

 Amenazas a periodistas
Otro tema indica que perio­distas dominicanos recibieron amenazas y ataques físicos por denunciar grupos crimi­nales y casos de corrupción en los medios de comunicación.

Resalta las amenazas que en octubre de 2019 recibió un comentarista televisivo de Monte Plata tras criticar su­puestas conexiones de los po­líticos locales con los narco­traficantes.

La Sociedad Interamerica­na de Prensa (SIP) informó que los periodistas dominica­nos sufrieron ataques violen­tos por parte de militares y po­liciales de los funcionarios del Gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.

Otro de los casos es el des­pido de Marino Zapete de Teleradio América tras de­nunciar que la hermana del procurador general de la Re­pública Jean Alain Rodríguez, Maybeth Rodríguez, habría recibido contratos guberna­mentales sin licitación por va­lor de 750 millones de pesos dominicanos. @lstin