sobre el caso sobre Ramiro García, Donaldo Morales y Guadalupe Ochoa-Lara, quienes habrían proporcionado a sus empleadores números de Seguro Social que no eran suyos, por lo cual enfrentaron proceso por robo de identidad en Kansas, pero la Corte Suprema de esa entidad anuló las condenas en su contra.
La discusión de los jueces se centró en si una norma federal de 1986, la ley de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), impide a los estados procesar a un indocumentado por utilizar documentos falsos para trabajar, debido a que es una ofensa federal.
La opinión escrita por el juez Stephen Breyer –nominado por el presidente Bill Clinton— señala que no es un delito que un indocumentado trabaje en los EEUU, pero lo es si utiliza documentos fraudulentos o robados, como fue el caso.
Agrega que autoridades federales deberán perseguir este tipo de delitos, pero los fiscales estatales no estarían bloqueando ese derecho o interrumpiendo ese proceso.
“En presentes casos, ciertamente no hay sugerencia que los procesamientos de Kansas frustraron cualquier interés federal”, indica. “Las autoridades desempeñaron un papel en los tres casos, y el Gobierno Federal respalda plenamente la posición de Kansas en este Tribunal”.
Descarta que las autoridades federales se pudieran ver afectadas por las acciones de los fiscales en Kansas.
En la decisión Kansas v. Garcia, los jueces del máximo tribunal del país señalan que los estados, como Kansas, pueden perseguir a indocumentados por proporcionar información que no es suya para que empleadores llenen el Formulario I-9, el cual es una prueba de que esas personas tienen autorización de empleo.
La defensa de los inmigrantes acusaba que los fiscales estatales no tenían facultad para confirmar el fraude de los acusados, pero los jueces rechazaron este argumento.
“Lo que hizo Kansas fue enjuiciar a Morales por tergiversar su estado de autorización federal de trabajo con el fin de obtener empleo”, señala el juez Breyer. “El enjuiciamiento de Morales cayó así directamente en el campo que, en mi opinión, la Ley federal se adelanta”.
Incluso el juez señala que algunos inmigrantes, con tal de cumplir con las leyes de reporte de impuestos, utilizarán el documento robado de Seguro Social, para ocultar “su condición” a sus empleadores.
Concluye que las autoridades estatales pueden perseguir ese tipo de fraude.
“Dejar a los estados procesar a esas personas por lo primero (fraude) es, en efecto, práctico”, señala.
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