La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya ha sido denunciada por una vasta coalición de grupos cívicos y defensores de los inmigrantes en todo el país, que han adelantado una posible demanda para frenarla en los tribunales.
El documento de 447 páginas amplía unilateralmente la definición de la “carga pública” para trámites migratorios, y negaría la “tarjeta verde” u otras visas temporales a familias que reciban ayuda pública, como subsidios de vivienda, cupones de comida, “Medicaid”, o cobertura de medicinas a través de “Medicare”.
También podría negar visas a personas que el gobierno sospeche que podrían ser “carga pública” en el futuro.
Una “prueba de riqueza”
Ante la inacción del Congreso para reducir la inmigración legal, la Administración ahora busca hacerlo al castigar a inmigrantes pobres y conceder la “tarjeta verde” u otras visas sólo a quienes superen cierto umbral económico.
En el pasado, el DHS ha otorgado unas 400,000 “tarjetas verdes” al año a cónyuges de residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses quienes, bajo la ley federal, deben mostrar que ganan lo suficiente para el sustento de sus familias. En la actualidad, ese umbral es de $20,575 para una pareja sin hijos.
El reglamento, de ser adoptado, impondrá nuevos requisitos financieros para el cónyuge extranjero, al exigir un ingreso familiar anual de hasta 250% del nivel de pobreza, es decir $41,150 para la mayoría de parejas sin hijos, o $73,550 para una familia con cinco miembros, según un análisis del grupo “Boundless Immigration”, que ayuda a extranjeros a navegar el sistema migratorio.
De esta forma, el DHS negaría la entrada a casi la mitad de los solicitantes de “tarjeta verde” cada año, obligando a unas 200,000 parejas a abandonar el país o vivir separados indefinidamente, indicó el documento.
“Esto es un campo minado con nuevos requisitos migratorios que no solo podrían negar tarjetas verdes a 200,000 cónyuges de estadounidenses cada año, sino que impedirá que las empresas contraten a todo tipo de trabajadores talentosos, y generará una gran incertidumbre para familias de clase media y de bajos recursos”, dijo a este diario Doug Rand, co-fundador y presidente de Boundless Immigration, quien vaticinó meses de deliberaciones internas y demandas judiciales.
Apoyándose en su base de datos, el grupo de Rand calculó que el reglamento podría afectar al 53% de cónyuges extranjeros elegibles para la residencia permanente.
Aún si el DHS permite que ambos cónyuges combinen sus ingresos para cumplir con los nuevos requisitos salariales, el 36% de las parejas podrían quedar descalificadas, indicó.
El análisis es similar a otro que publicó en agosto pasado el Instituto de Política Migratoria (MPI) que advirtió que casi la mitad de la población extranjera podría sufrir el impacto del reglamento.
El documento de MPI dijo entonces que el reglamento afectaría al 71% de los solicitantes de “tarjeta verde” de México y Centroamérica, al 69% de los de Africa, y al 52% de los de Asia, pero solo al 36% de los de Canadá, Europa y Oceanía.
Una política de exclusión
La política sobre la “carga pública” data de 1882 y en décadas pasadas se ha usado para restringir el ingreso de judíos que huían de los nazis, familias homosexuales, y personas con discapacidades y ciertas condiciones de salud.
El resultado del cambio, según Anastasia Tonello, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA), será una mayor exclusión de gente pobre, y las familias de bajos recursos tendrán que escoger entre su supervivencia y su permanencia legal en Estados Unidos.
Este reglamento “castiga a quienes apenas comienzan su rumbo hacia la prosperidad económica. Debemos frenar este esfuerzo reciente de la Administración Trump por añadir a su muro invisible”, enfatizó.
Impacto en comunidades
Desde el sábado pasado, la propuesta ha generado rechazo de líderes demócratas del Congreso, y representantes de grupos comunitarios, cívicos y religiosos en todo el país, quienes coincidieron en que, al castigar a los inmigrantes, la Administración Trump paradójicamente también perjudicará a comunidades que dependen de su mano de obra.
El senador de Oregón, y demócrata de mayor rango en el Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, afirmó hoy que la nueva política combina en un mismo sitio el “racismo, crueldad y daño económico”, porque afectará a quienes contribuyen a la economía.
Entre las personas más afectadas estarán los ancianos, que han aportado durante años al sistema de “Medicare” y son elegibles para la cobertura de sus medicinas; los maestros y los que trabajan en guarderías y asilos, cuidado a grupos vulnerables, precisó Wyden.
“Esta política anti-inmigrante será un desastre particularmente en zonas rurales con poblaciones en declive y que necesitan a inmigrantes dispuestos a construir una vida mejor para sus familias y contribuir a la comunidad”, agregó Wyden, quien acusó a la Administración de estar “cegada por el racismo”.
Por su parte, Jina Krause-Vilmar, principal ejecutiva de “Upwardly Global”, señaló que el reglamento ignora que miles de trabajadores inmigrantes han podido trepar los escalafones sociales al adquirir destrezas y conocimientos, y desalienta su potencial.
Según un análisis de su grupo, que ayuda a refugiados e inmigrantes a integrarse al mercado laboral de EEUU, el 45% de los inmigrantes recién llegados tiene al menos una licenciatura, y muchos dependen de la ayuda pública mientras construyen sus carreras en este país.
Melissa Boteach, analista de asuntos de pobreza del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés), advirtió que el reglamento perjudicará a niños que reciben almuerzos escolares gratuitos, a personas que necesitan urgente cuidado médico, y a padres inmigrantes que sostienen múltiples trabajos para el sustento de sus familias.
“Esta movida elude al Congreso para separar a las familias y revertir políticas y prácticas que han estado en pie durante casi un siglo, bajo gobiernos demócratas y republicanos”, señaló Boteach.
Erin Quinn, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, en inglés), dijo que el reglamento agravará la pobreza, el hambre y la crisis de niños sin techo, y corresponde al gobierno “proteger a poblaciones ya marginadas en vez de poner en riesgo su estancia legal en el país por acceder” a beneficios públicos.
Una vez publicada en el diario oficial del gobierno (“Federal Register), la propuesta será sometida a un período de 60 días de comentarios públicos antes de ser implementada. IRLC, AILA y más de 600 organizaciones cívicas prevén someter comentarios en contra de la propuesta pero, mientras tanto, aconsejan a los inmigrantes a que continúen accediendo a los programas para los cuales son elegibles. @eldiariony
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