La recaptura de Joaquín "el Chapo" Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa que hace un mes escapó por segunda vez de una prisión de máxima seguridad, es una misión que se vuelve más complicada con el paso del tiempo, dijeron hoy expertos consultados por la agencia de noticias EFE.
Entre las razones esgrimidas están el afianzamiento, a medida que pasan los días, de su escondrijo y de la estructura que lo mantiene oculto, la falta de cooperación del poder judicial, el elevado nivel de corrupción estatal y el interés del Gobierno en pasar la página.
"Es más difícil encontrarlo ahora. Él ya no utiliza teléfonos celulares y controla la operación (del cártel) de forma verbal", dijo a EFE el especialista en seguridad nacional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva.
"Sin duda", señaló, el Chapo sigue en México por el control internacional impuesto tras su fuga de la cárcel del Altiplano I, en el céntrico Estado de México, el pasado 11 de julio a través de un túnel de 1,5 kilómetros, la segunda de una prisión de máxima seguridad tras la que protagonizó en 2001.
Sin embargo, no se aventuró a afirmar que Guzmán se esconde en su natal Sinaloa (noroeste de México), como sí hizo la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) a principios de agosto.
"El Chapo puede estar en México, puede haber regresado a Sinaloa porque allí tiene a su familia y sus contactos", declaró a la agencia de noticias el jefe de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), Chuck Rosenberg.
"Al Gobierno no le interesa recapturar al Chapo. Hay intereses y corrupción de por medio", declaró a EFE el especialista en temas de defensa Ricardo Ravelo.
Escéptico ante el papel de las instituciones, Ravelo ejemplifica la indignación de la sociedad mexicana ante un caso que, por varias razones, está plagado de claroscuros. Uno de estos es el papel del poder judicial, que a través de un tribunal federal ratificó este lunes que, de ser apresado, Guzmán no puede ser extraditado a los Estados Unidos mientras se resuelve un recurso de amparo contra esa medida interpuesto por su defensa.
Los Estados Unidos lo incluyeron de nuevo en la lista de fugitivos más buscados y quieren juzgarlo por decenas de cargos de narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos.
"¿Cómo es posible que a un criminal de esta magnitud le den el amparo?", se preguntó Oliva, quien denunció la "nula cooperación" de la Justicia y recordó que los países que lograron resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado, como Italia, lo hicieron gracias a la cooperación del sistema judicial.
A este hecho, se le añade que solamente tres funcionarios -el encargado del Centro de Control de la cárcel y dos custodios- serán juzgados por su probable participación en la evasión, de los siete que fueron dispuestos a disposición de un juez y de la cuarentena de personas que rindieron declaración.
Ravelo consideró que los tres procesados pueden convetirse en "chivos expiatorios" en una trama que, según los analistas, implicó a muchas más personas, incluidos topógrafos, constructores del túnel, autoridades e incluso vecinos del penal ubicado en Almoloya.
Para Oliva, ello denota el "cuestionable" papel de las autoridades civiles, como la Fiscalía o la Secretaría de Gobernación, que no trataron el caso "con la severidad" requerida cuando Guzmán fue detenido en febrero de 2014.
