Menos derechos con el Sí Los cambios entrarían en vigencia a partir de mañana mismo
Las personas que están libres bajo fianza no cometen delitos, según un experto, lo que invalida una de las teorías de los proponentes de la limitación de la fianza.
Por Mildred Rivera Marrero elnuevodia.com
Hoy el pueblo decide si quiere tener una Constitución diferente a partir de mañana, con menos derechos, en el caso de la fianza, y con menos personas decidiendo el destino del país y representándolo en la Asamblea Legislativa.
Las dos enmiendas constitucionales, que serán efectivas inmediatamente, van dirigidas a dos de los problemas que más afectan al país: los asesinatos y el desempeño de los legisladores.
La administración del gobernador Luis Fortuño asegura que los cambios resuelven esos problemas, además de que, en el caso de la baja de legisladores, es una de sus promesas de campaña. Las organizaciones y ciudadanos opuestos reconocen que la ola de asesinatos y la calidad del trabajo en la Legislatura es un peso insostenible para los puertorriqueños. Pero aseguran que esos cambios no resuelven los problemas, que el gobierno lo sabe y que miente por razones político-partidistas. Afirman, además, que alterar la Carta Magna que redactó la Asamblea Constituyente en 1952 disminuye los derechos, que podría afectar más a los pobres que a gente de recursos y que requerirá un desproporcional número de votos para volver a tener legisladores de minoría como fueron David Noriega y María de Lourdes Santiago. Esta última ha dicho que necesitaría entre 270,000 a 280,000 votos para ser electa.
En la campaña, en la que el gobierno se ha gastado más de $200,000, han participado víctimas del crimen a favor y en contra de la limitación de la fianza y personas encarceladas injustamente en contra de esa propuesta. Para expresar su opinión, los 2.3 millones de electores hábiles para participar podrán ir a los colegios de votación hoy, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Esta vez, contrario a las consultas anteriores, sobre status y limitación de la fianza, hay seis partidos políticos y uno de ellos, el Partido Popular Democrático, que no asumió una postura institucional. De hecho, por eso es que hoy no tienen funcionarios de colegio sino observadores.
Solo para ciertos delitos
En defensa de las enmiendas propuestas, el secretario auxiliar de la Gobernación, Carlos Rodríguez, sostiene que la limitación del derecho a la fianza solo aplica a unas modalidades del delito de asesinato, de más de 200 delitos tipificados en el Código Penal. “Se hizo así para que no se afecte gente buena y decente. La gente no entrega el derecho de la fianza. Queda en la Constitución. Solo se le da discreción a los jueces, como ocurre en la mayor parte de los estados”, declara.
Afirma Rodríguez que la fianza se impone para asegurar que un acusado comparezca al tribunal posteriormente, pero también es una protección para la sociedad porque esa persona puede cometer otros delitos mientras está libre bajo fianza o amedrentar testigos y evitar que declaren en su contra.
“En el caso de Colorado, nadie en su sano juicio piensa que esa persona que llegó a un cine (en la premiere de la película Batman) y disparó a todo el mundo debe estar afuera (de la cárcel)”, sostiene el funcionario.
Ante esos planteamientos, Federico Rentas, director ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), recuerda (en entrevista separada) que limitar la fianza es una medida que se toma luego de que alguien asesina a una persona, por lo que no evita el crimen. Destaca que en el 2011 se radicaron cerca de 260 casos de asesinato en primer grado en los tribunales, 100 de los cuales atendió SAL.
“¿Cuántos de esos estuvieron libres bajo fianza? -que es el supuesto principal de que las personas imputadas de asesinato están bajo fianza- pues 95 de cada 100 se quedan presos, no pagan fianza. Estos datos no han sido refutados. Y, de los que tienen fianza, ninguno comete delito bajo fianza. Los dos supuestos de la enmienda son falsos. No están libres y, cuando están bajo fianza, no cometen delito”.
Ejemplos, pero no datos
Cuando se le pidieron datos a Rodríguez de personas que cometen delitos al estar bajo fianza, no los ofreció. Dio ejemplos de personas a quienes, bajo fianza, dijo que se les vinculó con otros delitos, como el de Melvin “Mel” Méndez Roldán, acusado de asesinar al trompetista Ricardo Morales Sáez.
Ese ejemplo también fue usado por jefes de agencia que defendieron el “Sí”. Rentas tronó contra ellos por usar de ejemplo casos no vinculados al asunto de la fianza, como este. “Ese muchacho salió absuelto”, revela.
Sobre las herramientas que le da la ley actual a los jueces para mantener preso a un acusado con una fianza alta, Rodríguez dice que la Constitución establece que la fianza no será excesiva. “Eso es parte del problema, porque nuestros jueces tienen las manos atadas y en muchos casos en que se ven $4 millones de fianza el abogado pide rebaja. En el año fiscal 2010-2011 hubo 3,724 solicitudes de rebaja de fianza”.
Ante eso, Rentas se refirió a casos como el de José Manuel Rodríguez Rodríguez, alias “Manolo el Brujo”, sospechoso del crimen de la tasadora Brendalí Sierra Ramos. Hace dos semanas, le impusieron $4 millones de fianza, sin derecho de pagar el 10%. Eso demuestra, indica, que los jueces no tienen tal atadura, y que sí imponen fianzas altas para evitar que la persona salga libre. “El promedio de la fianza en casos de asesinatos en primer grado que atendemos en SAL es de $725,000. En Fajardo y en Bayamón son casi $2 millones”.
Rentas insiste en que el gobierno miente sobre las razones e implicaciones de la enmienda a la fianza. “Lo que pasa es que esto es una discusión de derecho y ellos lo han hecho una política”.
Sobre la resistencia a que se altere la Constitución, Rodríguez sostiene que hay que atemperarla a los tiempos.
Sobre eso, el abogado y profesor de Derecho Constitucional, Carlos Ramos, reconoce que ese documento “no está escrito en piedra”. Pero cuestiona “¿atemperarlo a qué? Se quiere resolver un problema que no existe. No hay problemas con las personas que cometen asesinato, con relación a la fianza. Se convierte en una medida caprichosa y peligrosa”.
“Desprecian” las minorías
Ramos sostiene que la enmienda que más le preocupa es la de reducir el tamaño de la Legislatura, que refleja “el desprecio que tienen hacia los derechos de las minorías políticas”. Revela que la ley de minorías (que permite que entren legisladores de partidos minoritarios si el partido de mayoría gana más de dos terceras partes del Senado o Cámara) vino del sector estadista en 1952. Dice que los miembros de la Asamblea Constituyente, Luis A. Ferré y Leopoldo Figueroa, “temían quedarse sin representación porque el Partido Popular era arrollador”.
Rodríguez, tal como otros defensores de la enmienda para bajar el número de legisladores, asegura que las minorías tienen la misma oportunidad que los grandes partidos. Sostiene que el sistema es que aquí gana quien más votos tiene y que “si los partidos de minoría postulan gente buena, salen”. Recordó que los últimos legisladores del Partido Independentista, Víctor García San Inocencio y María de Lourdes Santiago, no tuvieron que acudir a la ley de minorías porque obtuvieron más votos que los demás.
Ramos alerta sobre ese argumento y afirma que “eso de que no llegas porque no quieres, me suena a que todos tenemos las mismas condiciones. Pero se olvidan del Fondo Electoral y que pueden hacer más propaganda”.
Otros, como el senador popular Eduardo Bhatia, han alertado sobre el problema que crearía el tener menos personas legislando a nombre del país, en un sistema en el que los ciudadanos le han delegado el poder de representarlos y gobernarlos a un número reducido de personas.
De los 50 estados, ha dicho Bhatia, solo Nebraska, con menos de la mitad de la gente que hay en la Isla, tendría menos legisladores. “Aquí hay un legislador por cada 50,863 personas (posición 40 entre legislaturas norteamericanas). Con la reforma sería uno por cada 70,844 personas, bajando a la posición 43 en representatividad”, refiere un informe hecho por Bhatia en el 2010.
Las dos enmiendas constitucionales, que serán efectivas inmediatamente, van dirigidas a dos de los problemas que más afectan al país: los asesinatos y el desempeño de los legisladores.
La administración del gobernador Luis Fortuño asegura que los cambios resuelven esos problemas, además de que, en el caso de la baja de legisladores, es una de sus promesas de campaña. Las organizaciones y ciudadanos opuestos reconocen que la ola de asesinatos y la calidad del trabajo en la Legislatura es un peso insostenible para los puertorriqueños. Pero aseguran que esos cambios no resuelven los problemas, que el gobierno lo sabe y que miente por razones político-partidistas. Afirman, además, que alterar la Carta Magna que redactó la Asamblea Constituyente en 1952 disminuye los derechos, que podría afectar más a los pobres que a gente de recursos y que requerirá un desproporcional número de votos para volver a tener legisladores de minoría como fueron David Noriega y María de Lourdes Santiago. Esta última ha dicho que necesitaría entre 270,000 a 280,000 votos para ser electa.
En la campaña, en la que el gobierno se ha gastado más de $200,000, han participado víctimas del crimen a favor y en contra de la limitación de la fianza y personas encarceladas injustamente en contra de esa propuesta. Para expresar su opinión, los 2.3 millones de electores hábiles para participar podrán ir a los colegios de votación hoy, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Esta vez, contrario a las consultas anteriores, sobre status y limitación de la fianza, hay seis partidos políticos y uno de ellos, el Partido Popular Democrático, que no asumió una postura institucional. De hecho, por eso es que hoy no tienen funcionarios de colegio sino observadores.
Solo para ciertos delitos
En defensa de las enmiendas propuestas, el secretario auxiliar de la Gobernación, Carlos Rodríguez, sostiene que la limitación del derecho a la fianza solo aplica a unas modalidades del delito de asesinato, de más de 200 delitos tipificados en el Código Penal. “Se hizo así para que no se afecte gente buena y decente. La gente no entrega el derecho de la fianza. Queda en la Constitución. Solo se le da discreción a los jueces, como ocurre en la mayor parte de los estados”, declara.
Afirma Rodríguez que la fianza se impone para asegurar que un acusado comparezca al tribunal posteriormente, pero también es una protección para la sociedad porque esa persona puede cometer otros delitos mientras está libre bajo fianza o amedrentar testigos y evitar que declaren en su contra.
“En el caso de Colorado, nadie en su sano juicio piensa que esa persona que llegó a un cine (en la premiere de la película Batman) y disparó a todo el mundo debe estar afuera (de la cárcel)”, sostiene el funcionario.
Ante esos planteamientos, Federico Rentas, director ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), recuerda (en entrevista separada) que limitar la fianza es una medida que se toma luego de que alguien asesina a una persona, por lo que no evita el crimen. Destaca que en el 2011 se radicaron cerca de 260 casos de asesinato en primer grado en los tribunales, 100 de los cuales atendió SAL.
“¿Cuántos de esos estuvieron libres bajo fianza? -que es el supuesto principal de que las personas imputadas de asesinato están bajo fianza- pues 95 de cada 100 se quedan presos, no pagan fianza. Estos datos no han sido refutados. Y, de los que tienen fianza, ninguno comete delito bajo fianza. Los dos supuestos de la enmienda son falsos. No están libres y, cuando están bajo fianza, no cometen delito”.
Ejemplos, pero no datos
Cuando se le pidieron datos a Rodríguez de personas que cometen delitos al estar bajo fianza, no los ofreció. Dio ejemplos de personas a quienes, bajo fianza, dijo que se les vinculó con otros delitos, como el de Melvin “Mel” Méndez Roldán, acusado de asesinar al trompetista Ricardo Morales Sáez.
Ese ejemplo también fue usado por jefes de agencia que defendieron el “Sí”. Rentas tronó contra ellos por usar de ejemplo casos no vinculados al asunto de la fianza, como este. “Ese muchacho salió absuelto”, revela.
Sobre las herramientas que le da la ley actual a los jueces para mantener preso a un acusado con una fianza alta, Rodríguez dice que la Constitución establece que la fianza no será excesiva. “Eso es parte del problema, porque nuestros jueces tienen las manos atadas y en muchos casos en que se ven $4 millones de fianza el abogado pide rebaja. En el año fiscal 2010-2011 hubo 3,724 solicitudes de rebaja de fianza”.
Ante eso, Rentas se refirió a casos como el de José Manuel Rodríguez Rodríguez, alias “Manolo el Brujo”, sospechoso del crimen de la tasadora Brendalí Sierra Ramos. Hace dos semanas, le impusieron $4 millones de fianza, sin derecho de pagar el 10%. Eso demuestra, indica, que los jueces no tienen tal atadura, y que sí imponen fianzas altas para evitar que la persona salga libre. “El promedio de la fianza en casos de asesinatos en primer grado que atendemos en SAL es de $725,000. En Fajardo y en Bayamón son casi $2 millones”.
Rentas insiste en que el gobierno miente sobre las razones e implicaciones de la enmienda a la fianza. “Lo que pasa es que esto es una discusión de derecho y ellos lo han hecho una política”.
Sobre la resistencia a que se altere la Constitución, Rodríguez sostiene que hay que atemperarla a los tiempos.
Sobre eso, el abogado y profesor de Derecho Constitucional, Carlos Ramos, reconoce que ese documento “no está escrito en piedra”. Pero cuestiona “¿atemperarlo a qué? Se quiere resolver un problema que no existe. No hay problemas con las personas que cometen asesinato, con relación a la fianza. Se convierte en una medida caprichosa y peligrosa”.
“Desprecian” las minorías
Ramos sostiene que la enmienda que más le preocupa es la de reducir el tamaño de la Legislatura, que refleja “el desprecio que tienen hacia los derechos de las minorías políticas”. Revela que la ley de minorías (que permite que entren legisladores de partidos minoritarios si el partido de mayoría gana más de dos terceras partes del Senado o Cámara) vino del sector estadista en 1952. Dice que los miembros de la Asamblea Constituyente, Luis A. Ferré y Leopoldo Figueroa, “temían quedarse sin representación porque el Partido Popular era arrollador”.
Rodríguez, tal como otros defensores de la enmienda para bajar el número de legisladores, asegura que las minorías tienen la misma oportunidad que los grandes partidos. Sostiene que el sistema es que aquí gana quien más votos tiene y que “si los partidos de minoría postulan gente buena, salen”. Recordó que los últimos legisladores del Partido Independentista, Víctor García San Inocencio y María de Lourdes Santiago, no tuvieron que acudir a la ley de minorías porque obtuvieron más votos que los demás.
Ramos alerta sobre ese argumento y afirma que “eso de que no llegas porque no quieres, me suena a que todos tenemos las mismas condiciones. Pero se olvidan del Fondo Electoral y que pueden hacer más propaganda”.
Otros, como el senador popular Eduardo Bhatia, han alertado sobre el problema que crearía el tener menos personas legislando a nombre del país, en un sistema en el que los ciudadanos le han delegado el poder de representarlos y gobernarlos a un número reducido de personas.
De los 50 estados, ha dicho Bhatia, solo Nebraska, con menos de la mitad de la gente que hay en la Isla, tendría menos legisladores. “Aquí hay un legislador por cada 50,863 personas (posición 40 entre legislaturas norteamericanas). Con la reforma sería uno por cada 70,844 personas, bajando a la posición 43 en representatividad”, refiere un informe hecho por Bhatia en el 2010.
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