La pequeña Zante está en el mar Jónico, Grecia. De 39.000 habitantes, 700 recibían la ayuda por ser "no videntes". Hasta el taxista más popular del lugar lo hacíaEl primero en mencionar a Zakynthos, o Zante, como "la isla de los ciegos" fue Wall Street Journal. Algo raro pasaba en aquella isla. Hasta un taxista recibía un subsidio por ceguera. Se abrió una investigación, pero sólo 100 de ellos se sometieron a las revisiones médicas. Y de esos 100, 60 no eran ciegos.
El Gobierno griego descubrió que eran 700 los ciegos declarados, los cuales cobraban una pensión de 362 euros al mes. Entre ellos había taxistas, técnicos del Ayuntamiento e incluso un cazador de aves.
Tras descubrirse este engaño, el ministerio de Sanidad ha exigido a las autoridades de la isla que recopilen los datos de los receptores de ayuda por discapacidad y estos, a su vez, han tenido que presentar a las autoridades locales la documentación pertinente que acredite su grado de discapacidad y su derecho a una ayuda.
El plazo para presentar esta documentación concluyó el pasado viernes y hasta entonces, de los 240.000 receptores de ayuda, un total de 36.000, el 15%, no ha presentado la documentación necesaria que acredite su estado, o lo ha hecho de forma incompleta.
El censo de los beneficiarios de prestaciones sociales de salud en Grecia reveló que podría haber hasta 26.000 defraudadores que se habrían llevado en total 111 millones de euros sólo en 2011, según dijo el ministro de Salud Andreas Loverdos.
De hecho, el 15% de los griegos que reciben pensiones por discapacidad no han podido justificar el motivo por el que las reciben, según un censo publicado por el ministerio de Sanidad para combatir el fraude que se promovió tras descubrirse el pasado agosto el escándalo de los ciegos en Zonte.
El propio alcalde de esta isla, Stelios Bozikis, aseguró al canal televisivo Mega que "con estas ayudas [para ciegos] el Prefecto ganó las elecciones" y que el médico que firmó los certificados permanecía en su puesto.
El caso de Zante se descubrió después de que la Seguridad Social exigiera cobrar la jubilación a través de una cuenta bancaria, a presentarse en la entidad y a firmar un equivalente a una fe de vida para registrar el fallecimiento del interesado. Esta medida llevó a descubrir que familiares y amigos seguían cobrando la jubilación de los fallecidos, un dinero que ahora tendrán que devolver a la Administración.
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