En una votación de 5 contra 3, los jueces de la máxima corte estadounidense rechazaron los argumentos de negocios, organizaciones civiles e incluso del gobierno de Barack Obama y reabrieron la puerta a la aplicación de esa ley estatal, que entró en vigor en 2008, pero había quedado suspendida a espera del dictamen.
La decisión es la primera de la corte sobre el paquete de medidas contra los indocumentados que ha impulsado Arizona, y una que, según algunos analistas, puede tomarse como adelanto del dictamen que el Supremo podría dar a la más polémica de esas leyes, la SB1070.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció hace dos semanas que llevará ante la máxima instancia sus argumentos para que esa otra medida, que convierte a los indocumentados en criminales, pueda aplicarse en su totalidad y no con las restricciones que le impuso un tribunal federal.
También se espera que acabe en el Supremo una norma firmada el año pasado por Brewer, que exige a los policías del estado que verifiquen el estatus migratorio de cualquier sospechoso de cometer un crimen, y que se encuentra bloqueada e inmersa en un largo proceso de apelaciones.
En el fallo de este jueves, emitido por el presidente del Supremo, el conservador John Roberts, la corte determinó que la ley no viola las leyes federales sobre inmigración, como afirmaban los demandantes y como defiende el gobierno. La ley, conocida informalmente en el estado como la “pena de muerte para los negocios”, permite que los abogados de cada condado lleven a juicio a empresarios que, a sabiendas, contraten a trabajadores indocumentados.
Las empresas que violen la ley corren el riesgo de perder sus licencias y hasta el cierre de sus negocios. “Arizona ha tomado el rumbo menos capaz de causar tensiones con la ley federal”, escribió Roberts en el dictamen, respaldado por los jueces Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas.
Los jueces argumentaron que esta ley de Arizona se apoya “únicamente” en el programa “E-Verify”, diseñado por el gobierno para que las empresas verifiquen el estatus migratorio de los empleados, por lo que discurre, según los jueces, en la línea trazada por las autoridades federales.
No obstante, los tres jueces que votaron en contra de la ley, Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, advirtieron que la medida puede llevar a “discriminación ilegal” contra algunos trabajadores. “Tanto directamente como a través de la incertidumbre que crea, el estatuto de Arizona impondrá nuevas cargas sobre el empleo legal”, indicó Breyer en sus argumentos finales.
La Cámara de Comercio de EE.UU. mostró poco después su “decepción” por el dictamen, aunque subrayó que éste no favorece, “de ninguna manera”, la creación de “sistemas de inmigración en la sombra” en cada uno de los estados, al margen de la legislación federal.
“El Tribunal Supremo sólo ha respaldado el estatuto porque respeta la ley federal tal y como es; porque usa la definición del gobierno de 'inmigrante no autorizado' y exige a los estados que utilicen un sistema federal para comprobar el estatus de los empleados”, dijo en un comunicado Robin Conrad, vicepresidente de la firma legal de la Cámara.
La decisión aumenta, según Conrad, la “urgencia” de que el Congreso impulse una reforma migratoria que elimine “la cacofonía de legislaciones estatales y locales incompatibles entre sí” a la que se enfrentan los negocios de todo el país. Otros siete estados -Colorado, Misisipi, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental- han aprobado leyes similares a la de Arizona, según indicó el juez Roberts en la sesión de este jueves.
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