Piden pena de muerte para el asesino de Tucson

Jared Loughner puede pagar con su vida por el atentado contra la congresista Gabrielle Giffords, que dejó seis muertos. El juez ya le denegó la libertad bajo fianza

En 1995, Timothy McVeigh, "el bombardero de Oklahoma", recibió una inyección letal por volar un edificio federal y matar a 168 personas. Judy Clark, fiscal de San Diego, formó parte del grupo de abogados que fracasó en su defensa. Dieciséis años más tarde, la letrada buscará revancha y representará a Jared Lee Loughner. Como a McVeigh, intentará salvarlo de la pena capital por acribillar a varios funcionarios públicos en Tucson, Arizona.

Barbara LaWall, fiscal del condado de Pima, cree que "corresponde a derecho" pedir a la Justicia la ejecución de Loughner. Es que el pistolero de 22 años hirió de gravedad a la congresista Gabrielle Giffords y asesinó al juez federal John Roll y al asistente parlamentario Gabriel Zimmerman. En los Estados Unidos, la sangre de autoridades federales suele pagarse con sangre.

El juez de Phoenix que lleva el caso aceptó extender los cargos contra Loughner y contemplará las muertes de otras cuatro víctimas, entre ellas, la de la pequeña de nueve años, Christina Green. El magistrado le denegó la posibilidad de libertad bajo fianza y le anticipó que seguirá detenido hasta que la Justicia resuelva. El FBI anunció, además, que el acusado podría ser procesado por terrorismo doméstico.

Durante su presentación ante el juez, Loughner no miró fijo a nadie. Se mostró sereno y respondió que sí cuando el tribunal le preguntó si comprendía sus derechos. Contestó a todas las preguntas que le hicieron. Esposado y con uniforme carcelario, lució la cabeza rapada (foto) y un corte en la sien. Era la herida que le provocó el forcejeo con los hombres que lo redujeron luego de la masacre.