WASHINGTON- Un estudio interno del Pentágono encontró que a la mayoría de los soldados estadounidenses y sus familias no les importa que a los gays se les permitan servir abiertamente en el ejército y consideran que la política que les impide hacerlo podría eliminarse, según funcionarios familiarizados con el reporte.
Se esperaba que los resultados de la encuesta sean usados por activistas para fortalecer su alegato de que la ley de 1993 que prohibe que los gays declarados se desempeñen en el ejército podría ser anulada de inmediato, sin causar grandes daños a la institución militar.
Pero, también se espera que el estudio revele los desafíos que implica cambiar una política que ya lleva años, como superar la fuerte oposición que habrá en alguno sectores del ejército aunque sean minoritarios.
Los detalles de las conclusiones del sondeo aún eran escasos el jueves. El Pentágono rechazó discutir los resultados hasta después del 1 de diciembre, cuando presentará su propio plan para cambiar la ley.
Los efectivos que hablaron sobre el estudio pidieron no ser identificados. La cadena NBC fue el primer medio en reportar sobre los hallazgos del sondeo.
El presidente Barack Obama ha dicho que la política que prohibe que los homosexuales declarados sirvan en las fuerzas armadas discrimina a los gays. El secretario de Defensa, Robert Gates, y el almirante Mike Mullen, principal uniformado en el ejército, están de acuerdo pero quieren actuar con cautela para asegurarse de que el proceso no menoscabe la efectividad de las fuerzas armadas.
Una de sus principales preocupaciones es que introducir grandes cambios demasiado rápido pueda ocasionar una reacción negativa en los soldados y sus familiares.
Con un Congreso controlado por los demócratas que ya estaba considerando modificar la ley, Gates ordenó en febrero un estudio de un año sobre el asunto. Como parte de ese sondeo, el Pentágono envío 400.000 encuestas a los soldados y otras 150.000 a familiares de efectivos sobre la política.
Este mes, el Pentágono debió suspender la controversial ley por ocho días, luego que un juez en California le ordenara hacerlo. El Departamento de Justicia apeló esa decisión y una corte de apelaciones ordenó una congelación temporal del fallo de California.
Se esperaba que los resultados de la encuesta sean usados por activistas para fortalecer su alegato de que la ley de 1993 que prohibe que los gays declarados se desempeñen en el ejército podría ser anulada de inmediato, sin causar grandes daños a la institución militar.
Pero, también se espera que el estudio revele los desafíos que implica cambiar una política que ya lleva años, como superar la fuerte oposición que habrá en alguno sectores del ejército aunque sean minoritarios.
Los detalles de las conclusiones del sondeo aún eran escasos el jueves. El Pentágono rechazó discutir los resultados hasta después del 1 de diciembre, cuando presentará su propio plan para cambiar la ley.
Los efectivos que hablaron sobre el estudio pidieron no ser identificados. La cadena NBC fue el primer medio en reportar sobre los hallazgos del sondeo.
El presidente Barack Obama ha dicho que la política que prohibe que los homosexuales declarados sirvan en las fuerzas armadas discrimina a los gays. El secretario de Defensa, Robert Gates, y el almirante Mike Mullen, principal uniformado en el ejército, están de acuerdo pero quieren actuar con cautela para asegurarse de que el proceso no menoscabe la efectividad de las fuerzas armadas.
Una de sus principales preocupaciones es que introducir grandes cambios demasiado rápido pueda ocasionar una reacción negativa en los soldados y sus familiares.
Con un Congreso controlado por los demócratas que ya estaba considerando modificar la ley, Gates ordenó en febrero un estudio de un año sobre el asunto. Como parte de ese sondeo, el Pentágono envío 400.000 encuestas a los soldados y otras 150.000 a familiares de efectivos sobre la política.
Este mes, el Pentágono debió suspender la controversial ley por ocho días, luego que un juez en California le ordenara hacerlo. El Departamento de Justicia apeló esa decisión y una corte de apelaciones ordenó una congelación temporal del fallo de California.
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