Esta cifra supone, según un informe divulgado hoy por el Departamento de Justicia de EE.UU. que analiza solo a la población carcelaria mayor de edad, que cerca de 88.900 reos fueron víctimas de abuso sexual por parte de otros presos o del propio personal en 2008 y 2009.
Los autores de este informe, de casi 100 páginas, entrevistaron a más de 80.000 presos que están confinados tanto en prisiones como en los centros de detención a donde se dirigen los presos preventivos o que cumplen condena de menos de un año.
Los investigadores se dirigieron también a los centros de detención de inmigrantes, donde la mayoría, el 60
por ciento, son hispanos.
Fruto de estas encuestas, los investigadores descubrieron que en las prisiones, el 4,4 por ciento de los presos sufría abusos sexuales, en tanto que entre los detenidos o con penas menores, el porcentaje era algo menor, un 3,1 por ciento.
En ambos casos, los abusos se repartían casi a partes iguales entre los cometidos por otros presos y por el personal de las instalaciones, aunque por sexos, las mujeres sufren con mayor intensidad las agresiones de otros prisioneros.
Entre los hispanos encarcelados en prisiones, el 1,4 por ciento sufrió abusos de otros reos y un 2,4 por ciento de sus cuidadores. En los centros de detención, estos porcentajes fueron del 1,5 y el 1,9 por ciento, respectivamente.
El informe revela una mayor presencia de abusos cuando el reo es homosexual o bisexual. En estos casos, el 11,2 por ciento de los encuestados sufrió abusos de otros presos en prisión, y un 6,6 por ciento por el personal que les vigila.
Para la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), el informe subraya la "urgente necesidad" de erradicar el abuso sexual en las cárceles, tal como recomendó una comisión bipartidista el año pasado.
El informe "es otra prueba de que las violaciones y otras formas de abuso sexual continúan siendo un gran problema en las cárceles de nuestra nación y que se tiene que hacer mucho más para combatir este flagelo", dijo en un comunicado Margaret Winter, directora asociada de ACLU sobre asuntos de prisiones.
Winter criticó que el fiscal general de EE.UU., Eric Holder, no haya aún implementado las normas recomendadas por la comisión bipartidista, pese a las presiones de grupos de "todo el espectro político".
La puesta en marcha de esas normas "sería un paso monumental para ayudar a los oficiales a eliminar el abuso sexual en sus instalaciones, y debería hacerse de inmediato", puntualizó Winter.
El análisis, elaborado por la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS, en inglés) del Departamento de Justicia, tiene datos similares a los de 2007 y fue divulgado como parte de una ley federal promulgada en 2003 para erradicar el problema de las violaciones en las cárceles.
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